Las órdenes de bloqueo de sitios web se dirigen contra los proveedores de servicios de Internet (ISP) como intermediarios necesarios para que se produzca la infracción. Este tipo de acción, que no exige responsabilidad por parte de un ISP, tiene por objeto que éste bloquee el acceso a fuentes ilícitas de material protegido por propiedad intelectual.
Son un recurso conveniente y eficaz que evita las complicaciones asociadas a un litigio ante los tribunales contra los infractores directos (es decir, los propietarios o administradores de sitios web que ponen a disposición de los usuarios contenidos ilícitos), pues éstos suelen tener su domicilio o estar radicados en lugares desconocidos o en los que es difícil entablar acciones judiciales.
Estas órdenes se basan en el artículo 8.3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva INFOSOC) y en el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,